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 Sistema Judicial de Andorra

ORGANITZACIÓN JUDICIAL

La Constitución andorrana de 1993 proclamó los principios de unidad y de exclusividad jurisdiccionales y así el poder judicial se ejerce desde el primero de enero de 1994 en una sola organización de jueces y de tribunales estructurada por grados jurisdiccionales y taxativamente establece que la "potestad jurisdiccional se ejerce por los jueces de primera instancia, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts y el Tribunal Superior de Justicia de Andorra".

Consell Superior de la Justícia
I. Misión i composición.
El Consell Superior de la Justícia es el órgano de representación, gobierno y administración de la organización judicial, que vela por la independencia y el buen funcionamiento de la justicia, y no es por tanto un órgano jurisdiccional. Nombra los Batlles (jueces), Magistrados y Secretarios Judiciales y ejerce la función disciplinaria; i desde el 1 de julio del 2004 nombra también a los funcionarios i agentes de la Administración de Justicia.
También designa, de entre los Batlles (jueces) i Magistrados que hayan estado nombrados, los Presidentes del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justicia.

El Consell Superior de la Justícia se compone de cinco miembros designados entre andorranos mayores de veinticinco años i conocedores de la Administración de Justicia, uno por cada Copríncipe, uno por el Síndic General (Presidente del Parlamento), uno por el jefe del Gobierno y uno elegido por los Magistrados i Batlles (jueces).
El mandato de los miembros del Consell Superior de la Justícia es de seis años, sin posibilidad de ejercerlo más de una vez consecutiva.
El miembro nombrado por Síndic General es el Presidente que ejerce la representación del Consell Superior de la Justícia, convoca i preside las reuniones, fija el orden del día, que incluirá los puntos que cualquiera de los miembros proponga examinar, dirige los debates i tiene voto dirimente en caso de empate. Las votaciones siempre son secretas.

Entre los miembros que componen el Consejo se elige un vicepresidente i un miembro secretario.
El vicepresidente substituye al presidente en todos los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante. El secretario, con el visto bueno del presidente, levanta acta de todas les reuniones i decisiones del Consell Superior de la Justícia.
El Consell Superior de la Justícia queda constituido i puede adoptar decisiones con la asistencia de cuatro de los cinco miembros que lo componen. Las decisiones se adoptan por mayoría.

II. Organigrama CSJA

III. Competencias del CSJA.

La Ley 28/2014, de 24 de julio, cualificada de modificación de la Ley cualificada de la Justicia, del 3 septiembre 1993 revisa el régimen jurídico de las decisiones que adopte el Consell Superior de la Justícia cuando desarrolle materias objeto de la mencionada ley, y atribuye nuevas atribuciones que responden al objetivo de promover las condiciones para que la Administración de Justicia disponga de los medios adecuados para su buen funcionamiento.

Así pues, la Ley otorga al Consell Superior de la Justícia la competencia para nombrar inspectores para supervisar el funcionamiento mencionado y al mismo tiempo regula de forma detallada el procedimiento de inspección; le habilita para organizar actividades formativas o suscribir convenios con otras instituciones al efecto; le confiere atribuciones en materia de estadística judicial y publicación oficial de resoluciones judiciales; e incide en la obligación de obtener su informe en las leyes que conciernan el propio Consell o la Administración de Justicia.

Finalmente, es especialmente significativa la modificación del artículo 36, que resuelve la cuestión de la autonomía presupuestaria y financiera del Consell Superior de la Justícia, como órgano reconocido constitucionalmente ya la vez garante de la independencia y el buen funcionamiento de la Justicia.

El Consell Superior de la Justícia deviene competente para elaborar su proyecto de presupuesto, que se somete a la aprobación del Consell General (Parlamento), y dispone de tesorería propia, derivada de los pagos correspondientes a sus dotaciones presupuestarias, que le serán entregadas en firme y por cuartas partes de forma trimestral, lo que ha requerido la modificación de algunas disposiciones de la Ley general de las finanzas públicas.

La Ley 9/2004 de la Función Pública de la Administración de Justicia afronta la regulación del régimen de la función pública de la Administración de Justicia utilizando como premisas, por un lado, la naturaleza estatutaria de la relación jurídica de trabajo de sus funcionarios, y por otro lado, incorporando en su articulado el sistema de mérito, propio de las administraciones avanzadas, que sustenta los valores generales que deben orientar la actuación administrativa. Ambas premisas conducen a reconocer, como principios informadores del régimen de la función pública la eficiencia, la profesionalidad, la neutralidad y la equidad.

Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen de la función pública del personal de la Administración de Justicia, sin perjuicio de las normas de la Ley de la función pública que le son directamente aplicables.
El régimen establecido en esta Ley se aplica al personal de la Administración de Justicia que mantiene una relación de empleo al Consell Superior de la Justícia, en la Batllia, en el Tribunal de Cortes, en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General. No se aplica, por tanto, a los miembros del Consell Superior de la Justícia, de la carrera judicial ni del Ministerio Fiscal.

I. Misión y composición
El Tribunal Superior constituye la más alta instancia de la organización judicial del Principado. Es competente para juzgar todos los recursos interpuestos contra las resoluciones judiciales adoptadas en primera instancia por la Batllia de Andorra, en materia civil y administrativa, en los límites fijados por la ley, y en materia penal, por el Tribunal de Corts, así como los procesos penales juzgados en primera instancia por el Tribunal de Menores. Se estructura en tres salas: Sala de lo Civil, Sala de lo Penal y Sala de lo Contencioso-Administrativo i de Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Andorra se compone de un presidente y de un conjunto de magistrados en un número no inferior a cinco. En caso de ausencia o imposibilidad del presidente, lo sustituye el magistrado con más antigüedad en el cargo, y así sucesivamente, y si concurren dos magistrados con la misma antigüedad, lo sustituye el magistrado de mayor edad.
El presidente del Tribunal es, a la vez, presidente de una de las tres salas.

I. Misión y composición
El Tribunal de Corts, además de su competencia para juzgar en primera instancia en los procesos seguidos por delitos mayores de forma colegiada, deviene competente para juzgar en primera instancia en los procesos que se siguen para delitos menores y contravenciones penales en composición colegiada y unipersonal, respectivamente. También es competente para las resoluciones dictadas por el Batlle (juez) instructor en periodo de ejecución de las ordenanzas penales, así como para llevar a cabo la ejecución de sus sentencias y otras resoluciones.
Ejerce, mediante su presidente, las funciones de jurisdicción de vigilancia penitenciaria y de aplicación de las penas.
El Tribunal de Corts se compone de un presidente y un conjunto de magistrados en un número no inferior a cuatro. En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente, lo sustituye el magistrado con más antigüedad en el cargo, y así sucesivamente, y si concurren dos magistrados con la misma antigüedad, lo sustituye el magistrado de mayor edad.

I. Misión i composición
El Ministerio Fiscal tiene la misión de velar por la defensa y aplicación del orden jurídico, así como por la independencia de los tribunales, y promover ante éstos la aplicación de la ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y la defensa del interés general; del mismo modo, actúa de acuerdo con los principios de legalidad, unidad y jerarquía interna.
El Ministerio Fiscal, además de ejercer la acción pública, interviene directamente en los procesos penales y solicita la práctica de todas las diligencias que estime necesarias para descubrir los hechos delictivos y también sus responsables.

El Ministerio Fiscal vela por el estricto cumplimiento de las sentencias recaídas y es la institución que ejerce la acción penal, ya sea por el conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito o de contravención; también interviene preceptivamente en todos los procedimientos civiles en los que estén interesados ausentes, menores, incapacitados o personas necesitadas de protección, así como en los procesos relativos al Registro Civil, y en todo el resto de casos que establezcan las leyes.
El Ministerio Fiscal se compone por el Fiscal General y los fiscales adjuntos.

El fiscal general es nombrado por Consell Superior de la Justícia, a propuesta del Gobierno, entre personas que reúnan los requisitos para ser magistrados, por un período de seis años, renovable una única vez.
Los fiscales adjuntos son nombrados por el Consell Superior de la Justícia, por mandatos renovables de seis años, a propuesta del Gobierno, entre personas que reúnan los requisitos para ser batlle, mediante el concurso oposición que establece el artículo 66 bis de la Ley cualificada de la Justicia.

I. Misión i composición
La Batllia de Andorra es la jurisdicción de primera instancia e instrucción en los ámbitos jurisdiccionales civil, administrativo, y penal en los términos establecidos por las leyes. La Batllia de Andorra se compone del conjunto de batlles en un número no inferior a doce, y de su presidente.
Se estructura en tres secciones de civil, administrativo, i menores y en dos secciones de instrucción.

El presidente del Tribunal de Batlles es al mismo tiempo el presidente de la Batllia, en caso de ausencia o imposibilidad, lo sustituye el Batlle con más antigüedad en el cargo, y así sucesivamente, y si concurren dos batlles con la misma antigüedad, lo sustituye el Batlle de más edad.
La Batllia y los batlles (jueces), ya sea como tribunal unipersonal o en composición colegiada de acuerdo con lo establecido en la Ley Cualificada de la Justicia y las leyes de procedimiento, son competentes para juzgar en primera instancia todos los asuntos contenciosos, instruyen individualmente los asuntos penales; ejercen también como tribunal unipersonal (1 solo batlle) la jurisdicción voluntaria. En materia penal, las ordenanzas penales (juicios rápidos) son juzgadas por un solo Batlle.

En materia civil, los procedimientos de mínima cuantía o abreviados, es decir, que no excedan de 12.000 euros, son juzgados por un solo batlle, y los de cuantía indeterminada, o cuando la cuantía supere los 12.000 euros, son juzgados en el Tribunal de Batlles.
En materia administrativa, los asuntos relativos a lo contencioso de la Seguridad Social son juzgados por un solo batlle, y el resto de cuestiones de este ámbito jurisdiccional son juzgadas de manera colegiada.